Emergencia alimentaria, gasto fiscal y responsabilidad del Estado legislador

Esta columna fue publicada originalmente en EstadoDiario el 4.06.2020

Por Juan Carlos Cisternas *

La pandemia del Coronavirus tiene efectos multidimensionales. Por ello, el Gobierno anunció la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, más allá del problema logístico que ha significado esta obra de “buena voluntad”, que ha requerido la participación de los Municipios y organizaciones sociales, es necesario detenerse a analizar la eficacia del gasto fiscal que esta iniciativa conlleva y eventualmente la responsabilidad del Estado Legislador. 

En estos momentos de recesión mundial, nuestro país está siendo afectado de forma brutal, como nunca antes se había tenido registro. De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central este lunes 1 de Junio, el Índice de Actividad Económica Mensual (IMACEC) correspondiente al mes de abril de 2020 cayó en 14,1%, en comparación con igual mes del año anterior, afectando en mayor medida a los servicios y al comercio. Estas cifras incluso podrían ser mayores en el análisis del mes de mayo, lo que evidentemente repercutirá en el PIB del año 2020. 

Por lo anterior, el Ministro de Hacienda Ignacio Briones ha declarado que la eficiencia del gasto fiscal debe ser un asunto prioritario en estos momentos. No obstante, el Ministro Briones reveló que el gasto fiscal que implica la distribución de cajas de alimentos alcanzará una suma de US$100 millones (cien millones de dólares), equivalentes a $80.000.000.000.- (ochenta mil millones pesos) aprox.  

El Ministro tiene toda la razón, el gasto fiscal en estos momentos debe ser eficiente y apegado a la austeridad, en la medida de lo posible. Sin embargo, lo que el Ministro quizás ignora, es que tuvo la posibilidad de haberse ahorrado ese dinero, mediante la actuación eficaz y oportuna de nuestros legisladores. En efecto, el año 2015 los Senadores Ossandon y Girardi presentaron una moción legislativa (boletín 10.198-11) que permitiría a los Supermercados y  Restaurant, entre otros, disponer de alimentos que estén mal rotulados, o que hayan perdido valor comercial por meras circunstancias, como: mal embalaje, envases dañados o defectuosos, o bien cuya fecha de vencimiento esté próxima a vencer, pero que son aptos para el consumo humano. 

Es necesario precisar que, de acuerdo a la FAO, en el mundo existen actualmente 821 millones de habitantes que sufren hambre crónica, esperando que dicha cifra aumente, ya sea por condiciones climáticas, o simplemente sociales. Por su parte, el mismo organismo internacional, puntualiza que en el mundo se pierden alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimento cada año. El mismo estudio identificó que productoras y vendedoras chilenas pierden al menos 27 mil toneladas al año de arroz, papas, lechugas, merluza y jibias por malos manejos en su producción, entre otros balances, probablemente por un mal acompañamiento institucional y regulatorio. 

Por su parte, el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca realizó en 2011, una investigación cuantitativa con el objeto de indagar acerca de cuánto desperdiciamos los chilenos en productos de alimentación. La investigación indica que, el 65% de los entrevistados señala perder más de $5.000 al mes botando comida, siendo que la mayor frecuencia se encuentra en el tramo de entre $6.000 y $10.000, con 31,8% de los encuestados que dice que pierde dicha cantidad de dinero al mes botando comida. 

En definitiva, el estudio concluye que en Chile se generan 1.62 millones de toneladas de basura de residuos de alimentos cada año, lo que significa que, para el 2025, podríamos estar produciendo 2,25 millones de toneladas de desperdicios, aportando a dichas cifras en mayor medida, los supermercados y restaurantes. Lo anterior obedece evidentemente a una deficiente regulación del sector, que ha permitido el derroche de recursos de primera necesidad, impactando en las necesidades de los Chilenos y en sus derechos más fundamentales. 

Según el informe (FAO) de 2019 sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición en el mundo, “en Chile, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afecta al 3,4% de la población, equivalente a 600 mil personas. Esto significa que las personas no tienen acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes… Por otro lado, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada (incluye grave) afecta al 13,6% de la población nacional, equivalente a 2.5 millones de personas que manifiestan carencia de acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos o suficientes”. 

En el proyecto de ley, antes mencionado, se afirmaba con mucho entusiasmo, y esperanza: “…el país no está en condiciones medioambientales, económicas ni éticas para perder tal cantidad de alimentos. Por estas razones, es fundamental adoptar una política nacional de reducción de desperdicio que convoque a todos los actores sociales… El Estado debe trabajar en evitar las pérdidas y desperdicios en todos los eslabones de la cadena, principalmente mediante inversiones en infraestructura y capital físico, mejorando la eficiencia de los sistemas alimentarios mediante marcos normativos, inversión, incentivos y alianzas estratégicas entre el sector público y privado”.

Sin perjuicio de la buena voluntad de algunas empresas, organizaciones y bancos de alimentos en Chile, es imprescindible que se regule prontamente esta emergencia alimentaria, a fin de que el gasto fiscal sea eficiente y, asimismo, destinar todos los recursos necesarios a las nuevas realidades que emergen en estos tiempos de crisis, teniendo en cuentas las cifras reveladas por Organismos Internacionales. Asimismo, resulta incomprensible que Chile cuente con una ley de responsabilidad extendida del productor (nº20.920/2016), que tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, pero por otro lado no se haya avanzado coordinadamente con el proyecto en cuestión, alejándonos de regulaciones exitosas en esta materia, como ocurre en el Reino Unido, Francia e Italia. 

Lamentablemente, el proyecto de ley que obliga a los supermercados y otros comercios, a disponer de mercaderías apta para el consumo humano, se encuentra paralizado en el Congreso desde diciembre de 2018, fecha en que fue evacuado el informe de la Comisión de Salud del Senado, con visto bueno de la representante de los Supermercados. Seguramente al Ministro Briones no le agradará saber que pudo evitar disponer de esos 80 mil millones de pesos y destinarlos a otros fines, para estas nuevas realidades emergentes. La pregunta en este caso es, ¿qué responsabilidad le cabe al legislador por estas dilaciones u omisiones? La respuesta se ofrecerá, eso espero, en otra columna.

* Juan Carlos Cisternas Friz es Abogado Universidad Autónoma de Chile y Doctorando en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid.