Estudio MIPEX 2020: Chile ocupa el lugar 22 entre países con mayor inclusión social de migrantes
Publicada originalmente en UA
Derechos básicos, igualdad de oportunidades y futuro seguro son las tres grandes dimensiones que aborda el estudio Migrant Integration Policy Index (MIPEX), que compara las normativas y políticas de migración en 52 Estados de los cinco continentes y que este 2020 incluyó por primera vez a Chile y otros tres países de América Latina.
El índice es elaborado por Migration Policy Group y Barcelona Centre for International Affairs. En el levantamiento y análisis de datos colaboraron destacados expertos de todo el mundo y en el caso de nuestro país participó la investigadora Dra. Ingrid Díaz, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile en Santiago.
En la presentación del reporte, la académica recordó que, al 31 de diciembre de 2019, habían en Chile 1,5 millones de migrantes, con un alza del 2% al 8% del total de la población durante los últimos 5 años. A nivel mundial, esa cifra se ha mantenido estable en torno al 3,2% y 3,5%.
Chile está en el puesto 22 entre los países con mayor inclusión social de migrantes, en la categoría “Igualdad en el papel”, con 53 puntos.
Esto es, que los migrantes disfrutan de los mismos derechos y seguridad a largo plazo, pero no de las mismas oportunidades. A su juicio, esto refleja que las políticas públicas generalmente alientan al público a ver a los inmigrantes como sus iguales, como ciudadanos potenciales, pero también como extraños más que como vecinos.
Brasil y Argentina están mejor posicionados en el ranking, con 58 y 64 puntos respectivamente.
Ocho son las áreas evaluadas en el informe: mercado de trabajo, reunión familiar, residencia definitiva, participación política, acceso a la nacionalidad, educación, salud y normas antidiscriminación.
En algunas de ellas Chile supera los 70 puntos, como salud, residencia permanente y ley antidiscriminación. Otras, en cambio, como educación, mercado del trabajo y reunificación familiar, muestran un indicador opuesto pese al aumento en salud y participación política durante los últimos cinco años.
Para la Dra. Ingrid Díaz, entre los desafíos están mejorar la difusión, capacitación y coordinación de los diversos actores para avanzar en la creación de una verdadera cultura antidiscriminación y una efectiva protección de los derechos de las personas migrantes.
Además, una mejor planificación de la gestión migratoria que impulse fuentes laborales, acompañamiento para una mayor inclusión y empoderamiento para ser autovalentes en vez de una carga social.