Destaca la clasificación de Chile en la categoría de «Igualdad en el papel», y la dicotomía existente entre lo que las normas y políticas declaran y su falta de conocimiento y aplicación en la realidad. Concluye que, si bien durante los últimos 5 años se han realizado avances a nivel de normas administrativas, en ciertos derechos sociales como el acceso a la salud y a la educación; en contraste, se echa en falta políticas públicas que posibiliten un acceso al mercado de trabajo.

Es necesario seguir avanzando en fortalecer la institucionalidad y propender a una definición de planes y acciones a ejecutar con una adecuada coordinación entre las diversas instituciones públicas que interactúan con usuarios migrantes y una integración con instituciones de la sociedad civil.

En cuanto al proyecto de ley sobre migraciones, de concretarse en los términos actualmente redactados, Chile subiría en el promedio global de 53 a 58 puntos, igualándose en el índice a Argentina, Italia y Alemania; las áreas que mejorarían sería el acceso al mercado de trabajo, el acceso a la nacionalidad, la vigencia de la residencia definitiva y las condiciones de los dependientes en caso de reunificación familiar.