Carabineros de Chile como policía del Estado: Sobre la filosofía de la intervención policial. Por Jörg Stippel

Este artículo fue publicado originalmente en EnEstrado el 14.10.2020

Lo particular del momento en que vivimos es que estamos en tiempos de crisis. Esta abarca tanto el sistema político en lo estructural como a las fuerzas de orden y seguridad pública. Han perdido parte de su legitimidad. El denominado “Acuerdo por La Paz Social y la Nueva Constitución”, firmado el 15 de noviembre, es el primer esfuerzo de los actores políticos para recuperar terreno perdido. Pero eso puede ser sólo el inicio de un proceso de cambio profundo. En el Estado nuevo que se va a crear después del referéndum, los valores democráticos deberían permear la cultura organizacional de todas las instituciones. Carabineros de Chile no debería ser una excepción.

La policía uniformada no va a recuperar su credibilidad gracias a mayores posibilidades de detener a personas que interrumpan la libre circulación en la vía pública (por el medio que sea). No es la falta de posibilidades de control y coerción de ciudadanos el factor que ha generado la indignación pública y los cuestionamientos y preocupación de los organismos internacionales; es la forma como se ha ocupado este poder y su regulación deficitaria. Ambos responden a una filosofía del rol de la policía en el Estado.

Desde el comienzo del estallido social hasta la fecha, hemos visto múltiples videos de manifestantes que han sido víctimas de un uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros de Chile. Otras imágenes muestran actos evidentemente criminales de algunos funcionarios. Existen, a su vez, relatos y videos de policías siendo víctimas de ataques con “bombas molotov” o de funcionarios y vehículos policiales que tienen que esquivar lluvias de piedras lanzadas por algunos manifestantes. Se está frente a una policía que es percibida como institución parcial y no como un actor que, detentando el uso legítimo de la fuerza, protege el bien común. Una policía que le pertenezca a cada uno de los ciudadanos, y les brinde protección y respeto a su dignidad. La sensación de las personas parece ser otra. La de un cuerpo policial que no logra respetar su derecho a movilizarse y reclamar por una vida mejor, que les ve como enemigos.

Las redes sociales están además llenas de noticias de policías que se negaron a intervenir en ayuda de víctimas de actos de violencia en barrios marginales alegando que ya no tenían vehículos, pues estos fueron destruidos durante las protestas. El contraste constituye el despliegue policial en plaza Baquedano o en la rebautizada “Plaza Dignidad”. Fácilmente se genera la impresión que la policía hace una diferencia cuando le toca proteger a las y los ciudadanos y cuando intercede a pedido de una autoridad.

Pero ¿Cómo se recupera la legitimidad de una policía que una parte de la sociedad percibe cómo fuerza opresora? Quiero acercarme a una respuesta desde la perspectiva de la historia de la policía alemana. Existen algunas semejanzas que sorprenden y que justifican esposar conclusiones en vista de esa experiencia. Podemos anclar el análisis en dos conceptos desarrollados por el constitucionalista alemán Erhard Denninger. Él ha identificado dos filosofías básicas que subyacen a las intervenciones de la policía, reflejando a su vez un determinado concepto de Estado y de democracia. Se refiere al binomio de “status constitutus” y “status constituens”. Ambos conceptos ayudan para interpretar lo acontecido en Chile.

El “status constitutus” resume las posiciones jurídicas del ciudadano sobre la base de las leyes vigentes y la Constitución. Aquí la tarea de la policía es proteger las normas existentes y prevenir el incumplimiento de las mismas (en cooperación con la judicatura). La orientación básica del accionar policial es un legalismo estricto y el enfoque de su accionar son las leyes dadas. Bajo esa filosofía, la policía se percibe como policía de Estado. Esta última ocupa de manera decidida medidas represivas contra la «hostilidad hacia el Estado». En consecuencia, la filosofía de despliegue de una fuerza policial estatal tiene como tendencia el uso masivo de la fuerza contra los manifestantes. El umbral de intervención de la policía es muy bajo para contrarrestar las amenazas al Estado a fin de erradicarlas de raíz si fuera posible. Los objetos de la acción policial son marginalizados y considerados como sujeto desviado; su existencia contradice la idea de la identidad del Estado y de los ciudadanos. El fenómeno de las manifestaciones se enfrenta a una desconfianza fundamental. Se percibe como un elemento molesto e incluso como un cuerpo extraño en la armoniosa unidad de Estado y sociedad, de gobierno y gobernados. (véase Winter 1997; 188)

En segundo lugar, se encuentra el “status constituens”, que se define como el «Estado de derecho que se está haciendo”. Se entiende que el elemento constitutivo de una democracia es el compromiso político y la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones políticas. La ley y el orden como resultado de este proceso se caracterizan por su carácter dinámico y cambiante. Por lo tanto, una policía adecuada a la democracia debe desempeñar su papel en «preservar la posibilidad de cambio»; en otras palabras, deben protegerse las condiciones para que incluso una minoría de la población pueda convertirse en mayoría. Se entiende a la policía como fuerza policial ciudadana (Bürgerpolizei). Una fuerza de policía ciudadana establece otras prioridades que una policía de Estado. Máxima prioridad tiene la protección de la Constitución y de su sistema valórico. Los seguidores de esta filosofía policial contraponen su «legalismo constitucional» al legalismo formal de la policía estatal. La idea básica del accionar policial es que debe proteger el marco democrático de oportunidades de cambio. El ciudadano es el sujeto del cambio político y no un objeto de la acción del Estado. La orientación de la policía estatal hacia el bien común es reemplazada por un enfoque individualizado y centrado en el ciudadano. De este modo, los “policías ciudadanos” son entendidos menos como una institución del gobierno, y más como una institución al servicio de los valores de la Constitución y la República (Winter 1997; p. 189).

El sociólogo Martin Winter (1997) analiza con los dos conceptos enunciados los cambios que ha experimentado la policía alemana. Muestra cómo se inició, desde fines de los años 60, un proceso de reforma. Su detonador fue una serie de manifestaciones masivas que desembocaron en el uso excesivo de violencia en contra de estudiantes. Ellos y ellas se manifestaron al inicio solo en contra de un alza del transporte público (Bremen). Artículos de esta época (Der Spiegel 6/1973) dan cuenta de cómo el accionar de la policía causó un desprestigio público. Recién en los años 80 se consolida el cambio de la filosofía policial del “status constitutus” al “status constituens”. Ha sido un proceso largo el que se ha transitado.

Si analizamos el accionar de Carabineros de Chile en base a estas dos categorías, habría que concluir que su actuar todavía responde a la filosofía de una policía de Estado bajo un “status constitutus”. En esa misma línea podemos ubicar la denominada “Ley anti saqueos y anti barricadas” (Ley 21208 del 30.01.2020). Su finalidad no es proteger al sujeto del cambio político, sino solo la de evitar el incumplimiento de las normas existentes. Difícilmente se puede entender esa normativa (especialmente el art. 268 septies del Código Penal), como medida pensada para proteger mejor la posibilidad de “preservar la posibilidad de cambio”.

Hace falta discutir ¿qué filosofía debería inspirar el accionar de las fuerzas de orden y seguridad en Chile y qué cambios estructurales requiere? Se requieren otros pasos para recuperar la legitimidad perdida. Discutir estos cambios se ve más urgente y menos visceral que pasar, entre otras, una “ley anti saqueos y anti barricadas”. La legitimidad perdida no se recupera con una modernización. La nueva Constitución requiere de otra policía, una que coincida con los valores de una democracia inclusiva. Donde no exista un clasismo incrustado en estructuras castrenses y dónde los funcionarios y las funcionarias (como otros ciudadanos y otras ciudadanas) tengan el derecho de militar en sindicatos y pertenecer a partidos políticos. El hecho que hoy no puedan hacerlo genera una falsa imagen de objetividad y es otra muestra del hecho que Carabineros de Chile sigue siendo una policía del Estado y no una fuerza policial ciudadana.

El Dr. Jörg Stippel es parte de los expositores del seminario «Democratizar a Carabineros: del status constitutus al status constitutuens», organizado por Pensamiento Penal Chile y la Universidad Autónoma que se realizará hoy desde las 16:30.