Investigador del IID participa en seminario sobre la nueva ley de delitos informáticos
El 26 de mayo de 2022 se realizó el seminario web “Ley de Delitos Informáticos y desafíos para las organizaciones ¿Por dónde partir?”, organizado por Deloitte, con la participación del Dr. Francisco Bedecarratz Scholz, Profesor de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile.
En esta instancia, el Dr. Bedecarratz, junto a los demás expositores, revisó las particularidades de la nueva ley de delitos informáticos, aprobada por el Congreso Nacional el 22 de marzo de 2022, y los desafíos que esta representa para empresas y organizaciones. Se destacó que el cambio legislativo implica que estas pueden incurrir directamente en responsabilidad penal por un delito informático cometido por uno de sus directivos y dependientes, cumpliéndose con los requisitos dispuestos por la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Asimismo, enumeró los tipos penales con mayor incidencia en materia del compliance, tales como la receptación de datos informáticos y el acceso ilícito, explicando casos prácticos donde existe una alta exposición de organizaciones respecto de tales riesgos delictivos. Las conclusiones alcanzadas por el Dr. Bedecarratz durante el seminario fueron las siguientes:
- La nueva ley contiene delitos que son directamente aplicables a organizaciones, tales como el acceso ilícito y la receptación de datos. Las empresas deben estar conscientes de dichos riesgos delictivos, con el fin de poder identificarlos y atenuarlos de forma oportuna.
- Es indispensable que las empresas pericien desde ya los bancos de datos, las fuentes y los flujos de información en su interior, con el fin de identificar si existen problemas de licitud que puedan repercutir en una responsabilidad organizacional.
- Con la dictación de la norma, aumentarán las exigencias técnicas respecto de los encargados de prevención. Se demandarán experticias digitales indispensables para poder establecer modelos de compliance idóneos y eficaces contra los delitos informáticos.
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