Investigador del IID realizó columna de opinión en diario EL Mostrador por la propuesta del Presidente Petro y los participantes del estallido social de Colombia
9 de enero 2023
El investigador del Instituto (IID), Iván Garzón, realizó una columna de opinión en el periódico colombiano El Espectador titulada: “La Primera Línea de la paz total”, donde identifica los problemas y aciertos de la propuesta realizado por Gustavo Petro, Presidente de Colombia, de excarcelar a algunos miembros de la Primera Línea que están siendo procesados penalmente, por el estallido social que ocurrió en el país cafetero.
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La Primera Línea de la paz total
El presidente Petro (Colombia) acierta, a veces, en identificar los problemas pendientes del país, pero se equivoca en las soluciones. Para decirlo con una metáfora: utiliza brocha gorda donde las circunstancias reclaman pincel. Eso sucede con su propuesta de excarcelar a algunos miembros de la Primera Línea que están siendo procesados penalmente, para convertirlos en voceros de paz.
La propuesta acierta en dos aspectos. Primero, en poner de presente que en el estallido social de 2021 existió una delgada línea entre lo criminal y lo político, así como entre lo político y social. Este es un debate pendiente, pues el país suele dividirse entre quienes en las protestas solo ven criminales y quienes solo ven jóvenes marginados e indignados. Es decir, entre quienes criminalizan y quienes romantizan la protesta social.
Segundo, porque solo el fetichismo legal permite pensar que el derecho penal es la única forma de afrontar los problemas de orden público en escenarios en los cuales lo criminal se traslapa con lo político y lo social, como las protestas. Explorar otras posibilidades de respuesta institucional significa reconocer que a veces la realidad excede los marcos normativos. En este sentido, la propuesta presidencial pone sobre la mesa una pregunta que la actual justicia transicional en curso también ha intentado instalar: ¿hasta dónde está dispuesta una sociedad a inhibirse del castigo retributivo en aras de la paz y la reconciliación?
Sin embargo, la propuesta yerra en que en vez de separar lo criminal de lo político, lo revuelve. Ser voceros de paz significa aceptar unos vínculos directos o indirectos con grupos armados que los primera línea han negado reiteradamente. Luego, los eventuales favorecidos por la medida navideña deberán afrontar un serio dilema: si aceptan la designación del Eln para que sean voceros, quedarán ligados a esta guerrilla (de lo contrario, ¿a cuenta de qué esta organización les daría el consentimiento expreso que prevé la ley?), a pesar de que siempre insistieron en que su protesta fue espontánea y que no tenían vínculos orgánicos con grupos armados como sostuvo el Gobierno Duque y sospecharon muchos. Pero si no lo hacen, seguirán detenidos.
Si aceptan esta condición de la Ley 2272 y quedan libres, habrán contribuido a criminalizar la protesta social. Que esta sea una consecuencia de una medida tomada por un Gobierno progresista es irónico. Que sea consecuencia de la actitud de los elenos en la mesa de negociación sería lo que en el fútbol se llama un gol de camerino, es decir, un premio prematuro y no una retribución posacuerdo. En cualquier caso, asumir que todos los primera línea pueden ser voceros de paz es tan desacertado como asumir que todos eran criminales. Hasta ahora la benevolencia de Petro ha mostrado ser la otra cara de la criminalización de Duque.
Luego, solo hay una posibilidad de resolver el dilema: que el Eln y los primera línea se sinceren y declaren quiénes portaban secretamente el brazalete rojinegro. Y el Estado y el Gobierno, por su parte, tienen la oportunidad de descriminalizar la protesta mostrando que secuestrar y torturar a un policía no es lo mismo que rayar un monumento. Es decir, todos deberían aprovechar esta oportunidad para separar la paja del trigo.